Milei desguaza programas para contener la violencia de género mientras crecen los femicidios

El gobierno de Javier Milei decidió el cierre del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Las áreas que dependían de su estructura como la que funcionaba en Mar del Plata, que contaba con un equipo de cinco trabajadoras, iban a pasar a la órbita del ministerio de Justicia. Sin embargo, la semana pasada el gobierno informó la disolución de la dependencia y las políticas que ejecutaba. Entre ellas, los programas relacionados a la atención a las víctimas de violencia de género. 

Parece una decisión desacertada si se tiene en cuenta el contexto. Es que durante 2023, hubo 6 femicidios en la ciudad, la cifra más alta desde el año 2018. En los últimos tres meses se registraron cuatro: Talía Aragón, Verónica Martínez, Betiana Moreira y Rocío Fernández. Y, en el primer semestre del año, hubo 78 intentos de femicidio.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal, el año pasado en la ciudad se iniciaron 5463 procesos penales por violencia familiar y/o género. Mientras que de acuerdo al Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, se denuncia un hecho de estas características  cada dos horas y el 70% de las víctimas son mujeres. 

Vanina Calvo, licenciada en Psicología que se desempeñaba en el ex ministerio de las Mujeres dialogó con Región Mar del Plata tras la sesión del Concejo Deliberante en la que usaron la banca 25 y denunció que se interrumpieron políticas como el  Programa Acercar Derechos (PAD) que en los últimos dos años atendió a 600 personas víctimas de violencia de género. 

El PAD es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país. Y es integral porque implica trabajar de manera coordinada en los distintos niveles del Estado y con organizaciones sociales y comunitarias, reconociendo las particularidades y dinámicas que adquieren las violencias de género en los distintos territorios.

“El abordaje es psicológico jurídico y social”, dijo Calvo y explicó que las personas que acuden al PAD reúnen la condición de estar en una situación de violencia “de alto y altísimo riesgo, con vulnerabilidad psicosocial, desventaja económica, inaccesibilidad al sistema judicial y, en su gran mayoría, cumpliendo responsabilidades de crianza y tareas de cuidado”. 

A su vez, Calvo aclaró que para la salida de este tipo de violencia es fundamental la independencia económica. Una vez que las personas se separan la violencia psicológica, física, sexual y simbólica se apagan pero si comparten la crianza de hijos, “en la mayoría de los casos, persiste la violencia económica”.

La especialista la describió así: “El dinero y la cuota alimentaria es la forma en la que el varón proveedor le recuerda a la mujer que tiene poder y que está supeditada a su voluntad. Al debilitarla económicamente genera que la mujer deba cubrir el aporte económico de las dos partes en detrimento de su salud. Como debe trabajar más horas, está ausente en el hogar por más tiempo y debe resolver con quien quedan los hijos, hijas, hijes. Eso puede generar una situación de peligro potencial en el caso de que se queden solos y si le paga a alguien el rendimiento de lo que gana es mucho menor. Así la violencia económica impacta sobre la mujer y los hijos”.   

Por eso, el estado pensó el programa Acompañar. “Durante seis meses la persona iba a poder desplegar estrategias para favorecer un emprendimiento económico, capacitarse, invertir, iniciar una actividad comercial. Una vez que la persona se inscribía en el programa había un plazo de tres meses en el que un equipo acompañaba a la mujer para que diseñe su estrategia”. Luego llegaba el pago que se extendía por un semestre. 

Hay 200 personas a la espera 

No obstante, desde diciembre del año pasado la ejecución del plazo se “fue retrasando hasta que se discontinuó. Hay 200 personas inscriptas en el dispositivo que se presentaron en el centro de referencia de Desarrollo Social (que funciona en el Unzué) de manera espontánea a la espera del pago. Cumplieron con los requisitos y están a la espera”. 

La demora alcanza a las mujeres que se inscribieron desde septiembre de 2023. “Hace quince días nos presentamos para ser absorbidas por el ministerio de Justicia y el martes pasado nos informaron que no nos van a absorber, no se va a crear el área y se darán de baja los programas. No sabemos qué pasará con las inscriptas”. 

La atención deficiente es una constante 

La denuncia se suma a la que el mes pasado hizo el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán en una nota dirigida al intendente Guillermo Montenegro. 

Allí advirtieron sobre la desocupación que afecta a miles de mujeres y diversidades, que sin acceso a un empleo tampoco cuentan con cobertura social ellas ni con las “herramientas necesarias para salir de los contextos de violencia a las que se encuentran sometidas”.

Una situación que se complejiza por otras decisiones como la falta de un presupuesto acorde a las políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar esta violencia. “Por ello es que la atención deficiente es una constante una vez que mujeres y disidencias deciden radicar la denuncia en los distintos estamentos del Estado”.

El Movimiento consideró que es el Estado “quien debe asistir en forma integral y oportuna a las mujeres que padecen violencia y al no hacerlo deviene el Estado municipal como responsable político por la falta de asistencia”.

Por eso, solicitaron al jefe comunal que se implemente la Emergencia en Violencia por Motivos de Género y Diversidad; el cumplimiento de la Ordenanza N° 23237 de cupo laboral travesti trans; la creación de la mesa de trabajo sobre diversidad de género que hace más de 8 años que no se convoca; el restablecimiento de todas las políticas públicas urgentes con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de las políticas públicas para la atención integral de personas sobrevivientes de las redes de Trata; políticas públicas y presupuesto necesario para la inclusión laboral de mujeres y diversidades en situación de violencia y el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela.