Productores rurales alertan sobre la posible inactividad en Puerto Quequén

En un encuentro celebrado en una fría mañana, las 16 Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense se reunieron para discutir la crítica situación en Puerto Quequén, cuyo principal elevador podría dejar de operar en septiembre si no se toman decisiones oportunas para evitar conflictos. La inactividad del puerto en plena cosecha fina generaría un impacto negativo en la cadena productiva de la región.

El debate, liderado por Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, se centró en la preocupación por la falta de transparencia en algunos precios del mercado granario, los elevados costos portuarios, y la posible intervención del gobernador Kicillof en el mercado de granos. Uno de los puntos más discutidos fue la propuesta de Kicillof de establecer una "reserva del 30%" en el uso del principal elevador de granos, lo que, según los productores, generaría una presión adicional sobre el Consorcio que administra el puerto.

Los productores rurales consideran que la intervención de la provincia en el negocio granario, tal como se ha propuesto, sería perjudicial. Según las entidades rurales, la intervención estatal con una "reserva del 30%" en el uso del elevador representaría un "salvavidas de plomo" para el sector, especialmente cuando el sistema de elevación ya permite que todos los productores exporten en igualdad de condiciones.

A pesar de las diferencias dentro de la cadena productiva, los dirigentes rurales coinciden en que la mejor solución es prorrogar la concesión actual del Puerto Quequén, evitando así la inactividad del elevador durante una temporada clave como la de la cosecha fina. "Debemos discutir un pliego razonable y consensuado en el Consorcio para garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad del puerto", señalaron los dirigentes.

Otro tema relevante abordado durante el encuentro fue el futuro de la Identificación Electrónica del Ganado. Se rumorea que en 2025 la colocación de chips será obligatoria, lo que ha generado preocupaciones entre los productores. Las Sociedades Rurales plantearon que, si bien comprenden las demandas del mercado global, consideran que la implementación del chipeo no debería ser obligatoria en una primera etapa.

Los dirigentes argumentan que el chip debe ser introducido gradualmente, con la participación de entidades clave como el IPCVA. De esta manera, se evitarían problemas como los que actualmente enfrentan los frigoríficos con el descarte de caravanas. "Es esencial que toda la cadena productiva esté integrada y preparada para usar la nueva tecnología antes de imponer su obligatoriedad", destacaron.

El Puerto Quequén y el mercado ganadero enfrentan desafíos significativos en el corto y mediano plazo. Las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense están comprometidas en buscar soluciones que beneficien a los productores, sin depender de la intervención provincial. En este sentido, se espera que las conversaciones continúen en los próximos meses para garantizar un futuro estable tanto para el sector agrícola como para el ganadero en la región.