La invisibilización de las personas con discapacidad en el sistema judicial

Advierten que no gozan de los mismos derechos que cualquier persona y ni siquiera hay datos oficiales que sirvan de base para un diagnóstico y el diseño de una política de estado.
La invisibilización de las personas con discapacidad en el sistema judicial en General Pueyrredon. Noticia de Región Mar del Plata

La Codirectora del Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Natalia La Rocca, abordó los problemas que tienen las personas con discapacidad para acceder al sistema judicial, la ausencia de una política y el curso de formación para profesionales de la abogacía, demás profesiones relacionadas a la discapacidad y público en general.

Hay dos conceptos básicos a la hora de hablar del sistema de justicia y las personas con discapacidad: el acceso a la justicia y no discriminación. ¿Cómo los podría definir? "Acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás es que la persona pueda estar segura que va a gozar de todas las garantías constitucionales en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, con las medidas de accesibilidad, los apoyos, acceso a la comunicación y todas las medidas que sea requerida para que una imputación sea vivida de la misma manera que una persona sin discapacidad".

"Ahí estamos integrando los dos conceptos. La discriminación por motivos de discapacidad que es la restricción o el menoscabo de un derecho fundamental por motivo de la discapacidad. Es el caso, por ejemplo, de una mujer sorda que no sabe darse a entender por escrito, no tiene lectura labial y solo se comunica por lengua de señas. Entonces necesita que lo acompañe un perito intérprete. No cualquier persona", precisó.

Y continuó con el supuesto caso: "si sufre violencia de género, el marido la engaña con su hermana y va a hacer la denuncia con ella, es imparcial. Hay que garantizar que a la persona se le va a preguntar lo que se quiere y va a contestar lo que realmente está contestando y entendiendo. Hay que sacar esas dudas porque si no las cuestiones son nulas".

Sin datos oficiales
En el país, no hay datos acerca de dónde están alojadas las personas con discapacidad. "Hay muchas personas que no tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) y muchas personas encarceladas ni siquiera tienen documento. Las reconocen las personas que están cerca, que vigilan o atraviesan ese proceso con ellas y saben que tienen una dificultad. No hay una estadística", informó La Rocca.

La falta de datos no se limita al ámbito judicial. Es más grave. "El último censo no tenía la pregunta acerca de las personas con discapacidad. Tampoco vamos a saber cuántas personas con discapacidad hay en Argentina porque no solamente es contabilizar los certificados emitidos, los CUD. Muchas personas no tienen certificación o tienen una más antigua. Es muy complejo de contabilizar".

La responsabilidad es del estado en general. "Si no se lo quiere cuantificar, tengo que suponer que tampoco quieren disponer de recursos ni política pública para este sector".

Las desventajas
La Rocca explicó que hay jurisprudencia en contra de algunos estados como Argentina, México y Guatemala donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido en una instancia en la que las personas o los familiares reclaman por la falta de accesibilidad a la justicia, la discriminación. "Hay un trato desigual que se da no solamente en la situación propia de encierro sino durante todo el proceso penal. Desde la imputación o la advertencia de que puede ser imputable hasta la situación de encierro sea en un espacio carcelario o no, las personas con discapacidad vivencian claras desventajas".

¿Cuáles son las desventajas? "A la hora de la imputación esto de tener el conocimiento acabado de qué se le está imputando. Es como cuando hablamos de consentimiento informado en una cirugía. Uno tiene que entender lo que le van a hacer, cuáles son las consecuencias. La persona tiene que comprender para poder defenderse".

"Muchas veces no existen apoyos necesarios para que una persona con dificultades del lenguaje -por ejemplo: hipoacúsica- pueda tener una defensa en juicio que esté a la altura de lo que la constitución marca. De ahí tenemos desventaja, también lo padecen personas sin discapacidad que tienen un nivel fuerte de analfabetismo".

A veces, la discriminación suele ser mayor en las mujeres. La Rocca sostuvo que aquellas que deben acudir a determinados controles en centros de salud, muchas veces no tienen acceso a una atención con perspectiva de género.

La diferencia se nota en otras circunstancias como el apoyo a las maternidades. "Las mujeres con discapacidad intelectual necesitan a veces apoyos para maternar. Es muy difícil tener hijos cuando están en libertad, es mucho más complejo cuando estás privada de libertad y deriva en el apartamiento de esa niña o niño de su mamá".

"A los operadores de un tribunal, una fiscalía no se los concientiza acerca de cuáles son los derechos de una persona con discapacidad y ellas al tener menos herramientas para defenderse y encontrase en una situación de vulnerabilidad especial sufren más las consecuencias", apuntó.

Política de estado
La especialista señalo que la adecuación del sistema de justicia a las personas con discapacidad es una política de estado. "También tiene que ver con el involucramiento de la sociedad civil. Muchas veces las propias personas con discapacidad y sus familiares no conocen cuál es el alcance de sus derechos y no reclaman".

"Otra cosa que hay que trabajar es la concientización de los operadores jurídicos. Parece una cosa muy trillada, se habla de la cuestión de género, de la concientización pero es muy importante que las personas estén concientizadas. Cuando ven un caso donde está involucrada una persona con discapacidad puedan tomar las medidas pertinentes o realizar las alertas necesarias para que esa persona no quede en grado de indefensión".

Capacitación
El IDD CAMDP organizó una capacitación sobre la Restricción de la libertad de personas con discapacidad. Contará con cinco encuentros dirigidos a profesionales de la abogacía y demás profesiones relacionadas a la discapacidad, la formación de jóvenes abogados y abogadas y público general.

Los disertantes, reconocidos a nivel nacional e internacional serán: Mabel Remón, Hugo Llugdar, Nicolás Pantarotto, Sebastián Rositto, Víctor Barraza, Jesica Ramírez Punset, Ana Castro, Patricia Perelló, y Diana Sheinbaum.

La modalidad es híbrida. Presencial en Mar del Plata y online por plataforma Zoom, contará con intérprete de Lengua de Señas y se entregarán certificados. Para la inscripción y más datos hay que dirigirse a [email protected]