El intendente, los municipales y un conflicto que escala

El conflicto entre el Gobierno de Guillermo Montenegro y los trabajadores municipales sigue creciendo y sumó un nuevo capítulo. El intendente firmó por decreto un aumento del 10% y el Sindicato de Trabajadores Municipales anticipó que a partir de este lunes comienza “un plan de lucha a matar o morir”. 

Montenegro sostuvo que el incremento es lo que puede el municipio “de acuerdo a las condiciones financieras”. Hacía más de un mes que las partes no llegaban a un entendimiento en las reuniones paritarias. 

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) explicó que el martes pasado el gobierno se había comprometido a otorgar el 30% y a reabrir la paritaria en junio. Sin embargo, las reuniones se dilataron y el jueves les informaron del decreto. “Les tomó el pelo a todos los trabajadores”, advirtieron desde el gremio y aseguraron en redes sociales: “Fue una semana plagada de mentiras” aunque no desmenuzaron ninguna.

Las primeras reacciones de los empleados el pasado viernes, día en que se conoció la noticia, fueron de descreimiento, dado que no se informó en ningún momento que el Ejecutivo fuera a otorgar un 30%.  

Con una inflación acumulada del 65% en lo que va del año, la pérdida del poder se siente día a día entre los trabajadores. Aun así cómo pueda desarrollarse el plan de lucha es un misterio: los municipales que se adhirieron al último paro de 48 horas del 5 y 6 de abril sufrieron el descuento en sus salarios y el gobierno anunció que lo mismo ocurrirá con quienes participaron de la última protesta: una movilización que se extendió por tres horas el 8 de mayo. 

Las declaraciones cruzadas, además, oscurecen el clima que se vive en la municipalidad. El día que anunció que presentaría el proyecto para declarar a los empleados como esenciales con la intención de que no puedan hacer paros, el intendente los trató de privilegiados: como es difícil despedirlos, gozan de estabilidad. Fue durante una conferencia de prensa en la que ni Montenegro ni ninguno de sus funcionarios supo responder cuánto cobra un empleado y, más allá de que desconocían ese dato, cuando les preguntaron si había alguno debajo de la línea de la pobreza aseguraron que no.

Según datos del Frente de Agrupaciones Municipales (un espacio que conforman las agrupaciones Marea y Bordó que ya venían trabajando como oposición a la actual comisión directiva del STM y ahora se aliaron) en marzo, un administrativo inicial (el cargo más bajo) que trabaja 35 horas semanales cobró de bolsillo 290 mil pesos y en abril lo mismo. Excepto los que adhirieron al paro que percibieron poco más de 270 mil pesos por el descuento. 

El INDEC informó que la Canasta Básica Total, que contiene los bienes y servicios necesarios para no ser pobre, para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó en abril los 828.158 pesos. 

El convenio impugnado 

Tras aquellas declaraciones de Montenegro, fue el senador provincial de Juntos Alejandro Rabinovich, hombre del riñón del intendente quien calificó a los municipales “como una manga de lacras”. Fue hace diez días en plena arremetida del intendente contra el convenio colectivo que consensuaron el sindicato y la gestión de Carlos Arroyo. 

Se trata de un documento que fue avalado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a principios de mes en pleno conflicto. Y eso generó suspicacias: "¿Por qué elige hacerlo ahora y no hace siete años, cuando se presentó el proyecto?", se preguntó el jefe comunal. 

Tanto en una conferencia de prensa como a través de sus redes Montenegro describió que el convenio pretende que los trabajadores gocen de 30 días de vacaciones desde el primer año de trabajo y que el puesto de empleado municipal sea hereditario. 

A su vez detalló que plantea una recategorización obligatoria: cuando un trabajador esté a tres años de jubilarse, se lo tiene que subir una categoría de su cargo y, si esa categoría no existe, se debe inventar una especial. 

Y quizás el que sea el punto más polémico: exige un aporte solidario y contribución patronal a través del cual todos los empleados -estén afiliados o no- tienen que aportar un 0.5% de su sueldo y el Municipio, además, debe aportar el 1% de la masa salarial para el Sindicato.

El Sindicato no respondió a la denuncia. No dio su versión acerca de lo acordado en 2017 ni del aval del ministerio. Ni siquiera hizo lo más fácil que era decir que todavía faltaba la aprobación del Concejo Deliberante para que entrara en vigencia. 

El gobierno sí dio un paso más y, al mismo tiempo que anunció el aumento por decreto, impugnó el convenio.

¿Esenciales?

El otro tema con el que el intendente sorprendió en medio de las negociaciones fue el proyecto para declarar esenciales a los trabajadores municipales que elevó el pasado 15 de abril y ya se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante.

La medida busca que los trabajadores no puedan hacer huelgas y, entre los fundamentos, el gobierno afirmó que por la importancia de los servicios que garantizan los municipales la interrupción de tareas puede tener una serie de consecuencias negativas. “Estas afectan negativamente a la comunidad, la economía, la reputación del gobierno y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Y luego va más allá: “El impacto se puede apreciar tanto en el caso de tareas directas tales como el mantenimiento y limpieza de las calles, cuyo cese puede llevar a inundaciones, condiciones insalubres y la propagación de enfermedades y plagas tales como la actual epidemia de dengue”.

De la misma forma, aplican el criterio a tareas “más administrativas (sic) como lo es la atención al público de las dependencias estatales, que de cesar imposibilitarían a los ciudadanos de realizar los trámites necesarios para desarrollar su vida y sus actividades económicas”. 

La postura del sindicato se conoció a través de una nota que envió al ministerio de Trabajo con fecha del 15 de abril y la firma del secretario general, Antonio Gilardi y el Adjunto, Daniel Zacarías, en la que advirtió que el proyecto “conlleva la limitación de un derecho constitucional”. 

También mencionó que las actividades que la ley nacional 25877 establece como esenciales y les impone una cobertura del 75% en caso de conflictos colectivos son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción, transporte y distribución de agua potable, telecomunicaciones, control de tráfico aéreo, servicios aduaneros y migratorios. 

La ley, al mismo tiempo, dispone que se debe convocar a una comisión especial para declarar esencial a una actividad. “Ni siquiera Milei se ha animado a tanto como el intendente Guillermo Montenegro”, manifestaron.  

Pero en medio de las discusiones, el STM suma críticas de las bases y también del Frente Gremial que, tras invitar a otras agrupaciones a sumarse, cuestionó a la comisión directiva y dejó claro su rechazo al proyecto oficial. 

La esencialidad está en tratamiento en la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante y también tiene giro a las de Educación, Salud y Legislación. Un trámite largo que no es el usual y que arrancó lento. Los propios concejales de Montenegro pidieron informes a todas las secretarías de la municipalidad, los entes descentralizados y OSSE a los que se sumaron el ministerio de Trabajo bonaerense, el STM y la dirección Provincial Legal Técnica. En total, son dieciséis. 

No obstante, Montenegro ostenta mayoría propia en el Concejo y la aceleración del trámite, siempre que cuente con el bloque de la UCR que hasta ahora ha sido un aliado incondicional, es una carta que podría jugar.