Mar del Plata atravesada por la violencia de la policía

Los casos de gatillo fácil o de muertes a manos de la policía han sido una constante desde la vuelta de la democracia. Hay una estadística sobre el Uso Letal de la Fuerza Policial en General Pueyrredon. Pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y dice que en los últimos nueve años hubo 21 muertes en Mar del Plata y Batán. 

En 2016 se registró un caso y lo mismo ocurrió en 2017. Un año más tarde hubo 2 y, en 2019, 4. En 2020, otra vez, fueron 2. Al año siguiente 1, en 2022, 3 y en 2023, 2. Pero en los últimos meses han tomado mayor visibilidad. En 2024 fueron 3 y en lo que va de este año ya se registraron 2. 

El tema ganó notoriedad por la espectacularidad de algunos casos. La muerte en el basural, una golpiza, un novio que montó la escena de un accidente para encubrir un femicidio y la persecución por la avenida Polonia que terminó en medio de una balacera. 

Emanuel Márquez 

“Era una persona muy buena, si te podía ayudar, te ayudaba. Iba, trabajaba y lo que ganaba se lo mandaba a su hijita de tres años”, contó la hermana de Emanuel Márquez, un hombre de 23 años que trabajaba como reciclador en el predio de disposición final de residuos desde los 11. 

El contrato por la recolección de la basura es el más caro de la municipalidad de General Pueyrredon. Sin embargo, no se refleja en las condiciones de trabajo de los recicladores. 

Más de una vez, Márquez había querido dejar el reciclado. Hacía changas en la construcción como peón de albañil, cortaba el pasto, podaba y, a veces, salía a juntar cartón. Aun así, había días en que el dinero no alcanzaba y, en el basural, la plata se ve rápido. Se hace en el día. 

La tarde del viernes 16 de agosto estaba en el predio. Eran alrededor de las tres cuando se peleó con otro reciclador. Por más que los habían separado, la policía intervino. Algunos trabajadores los enfrentaron. Más tarde, los efectivos declararon que eran cincuenta, que eran cien. Los testigos dijeron que no eran más de siete. 

En un momento, hubo corridas, se generó un tumulto y los policías dispararon con escopetas. Una de las balas impactó en la cabeza de Marquez y murió. 

Nahuel Lagos

Nahuel Lagos tenía 20 años, vivía en Batán y contó que la tarde del 14 de julio de 2023 en que salió a andar en bicicleta, un perro lo atacó y lo mordió. Discutió con el dueño y, después, lo detuvo un patrullero. Los policías lo arrojaron contra el suelo, uno le puso la rodilla en la espalda y tiró de la chalina que llevaba. 

En la comisaría octava, donde lo trasladaron, recibió golpes y su salud ya no fue la misma. Tomaba analgésicos y, casi todos los días, recurría a los médicos del Centro de Atención Primaria de la localidad hasta que el 30 de agosto se desvaneció. 

En el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), le detectaron una hiperextensión aguda de la columna cervical, lesión que lo dejó cuadripléjico. Además, le afectó los nervios de la vejiga y el intestino y le produjo un trastorno de la deglución por enfermedad del sistema nervioso llamado disfagia neurogénica.

Lagos salió del hospital tras una internación que se extendió por 72 días. Convaleció en la casa, volvieron a internarlo y el 24 de mayo de 2024 murió en el HIGA. 

Durante la investigación, Florencia Salas, titular de la fiscalía Nº 1, determinó que Lagos no murió por los golpes de la policía. La causa fue una infección generalizada que se produjo por las escaras que tenía, esas lesiones en la piel que pueden generarse cuando las personas están postradas. 

La causa se dividió. Por un lado, sigue la investigación sobre los policías que detuvieron a Lagos en la fiscalía 12 que se especializa en apremios. Por el otro, Salas determinó que debe investigarse si hubo falencias en los cuidados que debía recibir la víctima. 

Guadalupe Anahí Mena

Guadalupe Anahí Mena tenía 19 años, vivía en Necochea y llevaba nueve meses como oficial de policía. Trabajaba en Mar del Plata como parte del operativo sol y, a Fabián Vásquez, un hombre de 22 años con el que mantenía una relación, lo había conocido en la academia.

El primero de enero se encontraron en una habitación de la casa del barrio Jorge Newbery, en Falucho al 8600. En los otros ambientes estaban los padres de Vásquez y el hermano con su novia. 

Alrededor de las 20.30 hubo un disparo. Alguien llamó al 911. Los policías y los médicos que llegaron al lugar encontraron a Mena acostada con un disparo en el parietal derecho y aún con vida. La trasladaron y falleció pocos minutos después de ingresar al hospital.

La fiscal Constanza Mandagarán y los policías que trabajaron en la escena del crimen hallaron una vaina servida que pertenecía al arma de Mena mientras que la pistola estaba junto a la cama. 

Más tarde, Vásquez declaró que Mena estaba limpiando el arma y en un momento se la llevó a la cabeza, en una especie de juego. Él quiso sacársela y el arma se disparó.

Pero los mensajes que había en los teléfonos celulares y las declaraciones de testigos develaron que Vásquez y Mena mantenían una relación conflictiva. Las discusiones eran constantes. 

La autopsia determinó que el disparo fue de arriba hacia abajo y por lo menos a 40 centímetros de distancia. Vásquez le habría apuntado desde atrás. Y la pericia balística determinó que el arma que se utilizó fue la de él.  

La hipótesis es que Vásquez la mató y después montó la escena para simular un accidente. El ex policía (ya lo exoneraron de la fuerza) está detenido. Lo acusan de homicidio agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género. 

Matías Paredes 

La noche del 6 de febrero pasado, Alvarado presentó al plantel y la indumentaria para la nueva temporada de la Primera B Nacional en la discoteca GAP.  Hasta allá había ido Matías Paredes, albañíl, 26 años, padre de una niña de tres, con sus amigos.  

A la 1.30 de la madrugada viajaban en un Fiat Palio. Una camioneta Ford Ecosport sin patente comenzó a seguirlos y en la esquina de Polonia y Fortunato de la Plaza un Volkswagen Bora gris que tampoco tenía chapa, se cruzó por delante para impedirles el paso. En los vehículos iban cinco policías de civil.

Ellos pensaron que querían asaltarlos y lo esquivaron. La camioneta y el Bora los siguieron y comenzaron con los disparos. En el Palio impactaron siete y cuatro dieron en el cuerpo de Paredes que murió en el lugar.

Los policías Juan Molina, Emilio Flores, Juan Rufino Gerez, Héctor Murray y Javier Massia están detenidos. 

La estadística de la CPM también dice que los muertos a manos de la policía fueron veinte hombres y una mujer de los cuales quince todavía no habían cumplido los 30 años.

Y hay otras características que se repiten. “El asesinato de Matías muestra la confianza en la impunidad que tiene la policía cuando se trata de jóvenes de barrios populares”, expresó el centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y añadió: “Las brigadas de las comisarías marplatenses actúan sin que se las pueda identificar y sin que se conozca con claridad las funciones que cumplen”.

El CELS, además, manifestó que la policía debería regular y controlar la actividad de las brigadas que históricamente intervienen sin ninguna identificación, de manera ilegal y, muchas veces, “son parte de dinámicas delictivas de las zonas en las que actúan, especialmente en los barrios más empobrecidos”. 

Las agresiones de los agentes municipales 

La Comisión Provincial por la Memoria no tiene datos de que haya aumentado la violencia policial en la ciudad aunque está en alerta por la política que implementa el municipio contra “trapitos” y “limpiavidrios”. 

Tanto que el 24 de enero, junto a la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció al intendente Guillermo Montenegro ante la justicia. “Diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Los funcionarios, con la excusa de hacer cumplir el código de faltas municipal, se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”, advirtió la CPM.

Y también expresó que la situación es más grave porque hay una convalidación y una reivindicación de las actuaciones. Las autoridades no sólo no ordenaron hacer cesar los operativos y omitieron denunciar las agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios “sino que el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”.