Denuncian que la patrulla de Montenegro actúa como un grupo parapolicial

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe donde describe el accionar de la Patrulla Municipal. Los agentes municipales, que se exceden en sus funciones y se arrogan facultades policiales, van con el rostro cubierto en vehículos sin patente y sin identificación. 

El informe se titula La Violencia Estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon. La violencia psíquica y física es contra los sectores más vulnerables. Personas en situación de calle y personas que realizan tareas de subsistencia como cuida-coches, a quienes suele llamarse “trapitos” o “limpiavidrios”.

La CPM hizo denuncias, promovió una acción colectiva de habeas corpus para que el Poder Judicial frene las vulneraciones y solicitó que el Concejo Deliberante investigue los hechos.

Hombres encapuchados y vehículos sin patente

En el informe pueden leerse los testimonios de las personas que sufrieron los operativos. De allí surge que son sistemáticos y que las acciones de los empleados municipales se asemejan a las de grupos parapoliciales.   

Voluntarios que trabajan con personas que viven en la calle advirtió que hay un grupo especial de la patrulla que integran entre quince y veinte agentes y suele actuar por la noche. Se desplazan en camionetas que muchas veces no cuentan con patente y hay una persona que suele movilizarse en un Volkswagen Bora blanco y sería la responsable. 

Cuando encuentran a alguien durmiendo en la calle, lo despiertan. En todos los casos le sacan (decomisan) sus pertenencias como colchones, mantas, elementos de trabajo. Si la persona se resiste, la golpean entre varios, “incluso la humillan y la obligan a dejar pertenencias más esenciales como las zapatillas o el teléfono”, dice el informe 

Los procedimientos se realizan sin orden judicial. “El único hecho detonante del accionar de esta patota es dormir en la calle, cajero, o zaguán donde este grupo decide de forma discrecional que ahí no se puede dormir”.

En los operativos no suele haber policías a pesar de que muchas veces hay privaciones de libertad, secuestro de pertenencias o uso de la fuerza. 

El testimonio de los voluntarios coincide con el de personas que viven en la calle. H relató: hay tres camionetas negras, una blanca y un Bora.” Dos grandotes que te pegan y te levantan a palazos. Te patean. A mi compañero, mi viejito, le dejaron el tobillo que parece un globo”, dijo y agregó que los vuelven locos, no saben qué hacer: “Cuando nos sacan las cosas se cagan de risa, les decís algo y te pegan”.

F también describió a los móviles del municipio y contó que en San Juan y Luro a un amigo lo levantaron del cajero y le pegaron. “Le sacaron todo, hasta las zapatillas. A mí en San Martín y España me pegaron, me pisaron y me hicieron correr.´Corré` me dijo y me siguió el patrullero por España”.

En San Martín y Olazábal, A filmaba el momento en que los agentes municipales le pegaban a su compañera. En un momento se dieron cuenta y le arrojaron gas pimienta en la cara. Después la subieron a un auto. No había policías. Había agentes municipales que le quebraron el teléfono, la tuvieron tres horas en el auto dando vueltas y la llevaron a la comisaría. Los hombres se quedaron con su documento. “Ellos nos quitan todo. Van a ver que los cruzan en las camionetas llevando los colchones, las ropas de todos nosotros”.

B pasó por la misma situación mientras dormía en Catamarca y 3 de Febrero. “Me robaron el celular, mis cosas, mis ropas, me dejaron en patas, caminando en patas. Es una impotencia, hacen el trabajo de malos. Me tenías que ver, llorando. Ni te identifican. Son 20, 10. No los ves mucho porque te cagan a palos. Todos tapados”.

A los cajeros de Luro y Dorrego, llegaron encapuchados con pasamontañas. “Eran morrudos y municipales”, dijo Z. “Nos empezaron a sacar todo y nos cagaron a palos. Nos dijeron que nos vayamos. Fuimos a buscar otro lugar para dormir por Libertad y Jujuy y también fueron y nos cagaron a palos, los mismos. Y así hasta ahora”.

Pasa en los cajeros y en todos lados dijo P y se preguntó. “¿Qué clase de municipal tenemos nosotros que vengan con una camioneta y tapados así?”

Acciones ilegales 

La CPM explicó que de manera ilegal se le asignan a la Patrulla funciones reservadas a la autoridad policial: portación de armas, aprehensiones, cacheos, secuestro de pertenencias.

A ello se suman acciones abiertamente ilegales como la violencia, sustracción de pertenencias y expulsión de las personas de la ciudad bajo amenazas de ser aprehendidas o sufrir agresiones de los agentes de la patrulla municipal. “La patrulla municipal desplegó prácticas asimilables a grupos de tareas: por la noche, en autos sin patente o agentes sin la debida identificación y encapuchados”, describió la CPM.

Los ilícitos no fueron investigados por el gobierno local. El intendente ni siquiera los denunció y omitió, así, su deber de funcionario que le exige denunciar delitos de su conocimiento. 

Muy por el contrario, los promueve y los celebra, desde fines de 2024, en sus cuentas de Instagram, Facebook y X en una clara apología del delito. Así, alienta y promueve el accionar “haciendo apología de los delitos y utilizando definiciones discriminatorias y estigmatizantes”, sostiene el informe.

En definitiva, se trata de un discurso de odio que la UNESCO ha definido como “expresiones a favor de la incitación a hacer daño con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo demográfico”. De manera tal que las expresiones alimentan un ambiente de intolerancia que incentiva la hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas.

Entonces, señala el informe, menoscaban el derecho de no discriminación de los grupos afectados y la confianza que depositan en las instituciones del estado. Y también aclara que los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar que, cuando ejercen su libertad de expresión, no están ignorando los derechos humanos.

No son policías 

El informe destacó que la política de Montenegro y las acciones de la patrulla son ilegales porque constituyen delitos y porque representan una extensión indebida de funciones policiales en agentes municipales.

Las tareas de seguridad son propias de las provincias. Las fuerzas policiales dependen de los gobiernos provinciales y no de los municipios, que no pueden crearlas. 

Por los relatos y la evidencia que surge del material que se publicó, los municipales se arrogan facultades propias de la policía cuando realizan aprehensiones, requisas y secuestro de pertenencias, incluidos documentos de identidad.

Al mismo tiempo, son tareas que no contemplan los decretos 0988 del 18 de junio de 2020 y 1144 de 2021, mediante los cuales se creó la Patrulla. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció el límite de las atribuciones municipales para intervenir en materia de seguridad pública, 

Y hay algo más. Los agentes municipales no están facultados para el uso de armas por más que sean menos letales. Tampoco está contemplado en la creación de la patrulla y no lo permiten leyes provinciales 

Pura Suerte 

La CPM deja en claro que la violencia física y psíquica, amenazas, hostigamiento, abuso de autoridad y aplicación de gas pimienta son delitos penados por nuestro Código Penal.

Las medidas, además, lesionan de forma grave los derechos humanos y pueden implicar responsabilidad internacional para nuestro país en virtud de los tratados internacionales vigentes en Argentina. 

Más allá de los hechos, el informe apunta que “parecería que el mensaje que el propio poder ejecutivo municipal quiere darle a la sociedad es que esa es la suerte que correrán las personas en situación de calle. No la implementación de medidas de gobierno que promuevan la generación de empleo, las experiencias asociativas, el acceso a la vivienda, al desarrollo y a un nivel de vida adecuado, consagrados en el derecho internacional y en nuestra propia CN (art 14 bis) sino la persecución y la represión”.

El informe agrega que la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que el Concejo Deliberante se negó a investigar y archivó la presentación de la CPM sin ningún tipo de tratamiento. Ahora, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de investigar y condenar a los responsables.