La participación de menores en delitos es baja

El gobierno de Javier Milei impulsa la baja de la edad de imputabilidad, que en la actualidad es de 16 años, a los 13. Aunque no argumentó porqué debería ser a esa edad, el vocero Manuel Adorni sostuvo: "Si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de sus hechos como adultos".

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Justicia Mariano Cúneo Libarona en una conferencia de prensa dieron detalles del proyecto que prevé penas de hasta 20 años con la posibilidad de establecer medidas alternativas cuando se cumplan dos tercios de la condena. Y también que las penas de 3 a 6 años puedan cumplirse con medidas alternativas en los casos en que “no haya existido muerte de la víctima, violencia física o psíquica grave, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas".

Además, el proyecto permite que se investigue a menores de trece años. "En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social". A su vez, establece que los sitios de encierro sean establecimientos especiales separados de las cárceles comunes “bajo la dirección de personal idóneo", entre otras cuestiones.

Región Mar del Plata dialogó con el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial mar del Plata, Walter Martínez Soto y con la defensora oficial del mismo organismo, Fernanda Saumell.

Ambos coincidieron en que la participación de Niños, Niñas y Adolescentes en delitos es baja. “Hay un trabajo mediático importante que termina exigiendo determinadas políticas criminales que no tienen un reflejo en lo que ocurre. El fin de semana pasado, por ejemplo, no tuvimos detenidos y en mayores hubo entre 20 y 30. Este año no hubo ningún homicidio con participación de menores”, dijo Saumell.

Mientras que Martínez Soto observó que en cuanto a las estadísticas, “Mar del Plata y la zona están en los parámetros habituales” y marcó que “hay un incremento de delitos cometidos por jóvenes en la sustracción de motos o bicicletas. El Estado debería estar presente para desactivarlos: los lugares donde se reducen no son gerenciados por jóvenes sino por adultos. En este punto la policía poco aporta”.

Contra la convención de los Derechos del Niño

Saumell calificó al proyecto como “un notable retroceso” que hace planteos que no son posibles por los acuerdos internacionales a los que ha suscripto el país como la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Por su parte, el fiscal también expresó que la baja de la edad es contraria a esa convención y “no resulta una buena herramienta para evitar delitos”. Se basa en una “óptica sesgada de la función del régimen penal juvenil. El sistema funciona bien. Pero la prevención, que tiene que ver con la presencia del Estado en función social, es deficiente y los gobiernos le prestan poca atención”, remarcó.

La mayoría no tiene escolaridad

Los chicos que tienen conflictos con la ley penal, describió Saumell, muchas veces desde que son bebés no cuentan con la alimentación debida, están en un contexto de riesgo porque puede existir consumo de estupefacientes, el 90% no son alumnos regulares y algunos ni Âsiquiera cursaron el colegio secundario.

La defensora advirtió sobre los problemas que pueden surgir. La ley provincial 13634 de 2006 que establece los principios del Fuero Penal del Niño, supone que los menores deben tener un Âproceso penal mejor que el de los adultos y un sistema de promoción y protección de derechos que garantice el acceso a la educación y la salud, entre otros. Y citó un ejemplo: el 95% de los chicos con un conflicto penal tienen una problemática de consumo y la mayoría tiene tal dependencia que requiere de una institución. “Hoy tenés un chico de 14 años con una problemática y no tenemos lugar para tratarlo”.

Con un chico atravesado por el consumo “no se puede trabajar”, dijo Saumell y agregó: “No entiende lo que es el proceso, lo que se tiene que cumplir, lo que significa. Te dice si, si pero cuando tiene necesidad de consumir se va”.

En cuanto a las penas de 20 años que establece el proyecto, Saumell consideró que “es un montón” y, al mismo tiempo, manifestó que el en el ámbito penal juvenil “el objetivo es que la pena tenga un fin exclusivo de inclusión social. Si tenés a un pibe encerrado 20 años para que se pueda incluir a la sociedad es un absurdo”.

Las penas deben ser menores

Luego, explicó que bajar la edad tiene un objetivo preventivo: que no se cometan delitos por menores de edad. No obstante, indicó que “los menores tienen una estructura psíquica en estado de maduración. Les cuesta más entender que hay un límite y si no lo cumplen corresponde una sanción formal o informal. Entonces el poder judicial supone que tienen un estado de maduración menor. Por eso el reproche es menor y las penas deben ser menores que las de los adultos”.

“¿Es necesaria una ley penal juvenil nacional?”, se preguntó Saumell y respondió: “Sí. A gritos la necesitamos porque estamos aplicando el código penal de adultos de manera supletoria. Como no hay normativas específicas, aplicamos una ley que prevé penas y determinados delitos para los adultos. No hay una ley pensada para un menor, con la estructura psíquica ni las necesidades de los niños y adolescentes. No lo digo yo, lo dijo la Corte. Un chico frente a un conflicto penal es diferente a un adulto. Por eso se lo trata de forma diferente y tiene penas distintas”.

Sin herramientas de inclusión

El país y la provincia cuentan con leyes que establecen la promoción y la protección de derechos para los niños. “Pero es muy difícil efectivizarlos. Hay resquebrajaduras por todos lados y termina drenando por el sistema penal. Todos nos damos cuenta que el chico está mal porque tiene un conflicto penal. Esa es la realidad de funcionamiento: no hay herramientas para la inclusión social”, dijo Saumell.

Una mirada similar aportó el fiscal Martínez Soto quien descartó que la baja de la imputabilidad tenga como resultado evitar el delito. “Al contrario marca la ineficacia del Estado en su función educativa y de desarrollo social”.

Al mismo tiempo, el fiscal insistió en que en momentos de crisis como la que atraviesa el país “hay que profundizar esfuerzos para evitar que los jóvenes caigan en el delito. Para ello se deben implementar políticas de inclusión y protección de los jóvenes y no excluirlos. El Estado tiene que estar más presente que nunca”.