La Patrulla Municipal seguirá operando más allá de las denuncias

El municipio de General Pueyrredón reconoció que la Patrulla Municipal debe actuar ajustándose a derecho aunque “negó las intervenciones violentas e ilegales que difunde y celebra en público a través de las redes sociales”. Así lo advirtió la Comisión La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras la audiencia judicial en el marco del hábeas corpus que presentó en su condición de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. 

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro sostuvo que la CPM es una comisión financiada por la provincia que lo denunció “para poder seguir protegiendo a los chorros”.

La municipalidad ya hizo sus presentaciones, la comisión seguirá presentando pruebas testimoniales. Luego, el Juzgado de garantías N 4, a cargo del Juez Juan Tapia, quedará en condiciones de resolver el hábeas. 

La Comisión había denunciado aprehensiones, agresiones físicas, cacheos, sustracción de pertenencias, amenazas y discursos estigmatizantes y de odio entre otros delitos, cometidos por agentes -algunos de ellos encapuchados o con el rostro tapado y sin identificación- contra personas que viven o trabajan en la calle. 

Tanto en el hábeas corpus como en la denuncia penal (trámite que también está en curso), la CPM documentó la existencia de esos operativos violentos, ilegales y discriminatorios. 

Durante la audiencia, el Municipio desconoció los hechos y tampoco aceptó que se exhibieran los videos presentados por la CPM que documentan ilegalidades en el despliegue operativo de la Patrulla Municipal.

Montenegro y el secretario de seguridad, Rodrigo Gonçalves, sostuvieron que la patrulla respeta las normas y que no se arroga facultades que son propias de la policía e incluso da intervención a la fuerza de seguridad cuando la situación lo requiere.

También negaron que exista un ánimo de odio, estigmatización o persecución. Pero para la CPM esa declaración no guarda ninguna relación con varias publicaciones de Montenegro en sus redes sociales, “donde difundió, defendió y promovió el accionar de los agentes municipales, haciendo apología de los delitos y utilizando definiciones discriminatorias y estigmatizantes”.

El jefe comunal también negó los operativos nocturnos con agentes encapuchados y vehículos sin identificación que habían denunciado no solo persona en situación de calle si no también voluntarios que los asisten.

La Comisión consideró que la audiencia convalidó el reclamo, ya que las explicaciones del municipio contrastan con “toda la evidencia de videos y declaraciones públicas del Intendente y otros funcionarios municipales subidas en redes y medios locales, donde justamente se dice y hace todo lo contrario”. 

Más allá de remarcar que “el doble discurso del Intendente es notable”, la CPM destacó que “es más grave que frente a la pregunta acerca de si habían iniciado sumarios administrativos para investigar las faltas o delitos de los agentes municipales, el intendente Guillermo Montenegro respondió que no”.

“No hay estado republicano que pueda funcionar sin los debidos controles legales sobre sus agentes. La impunidad frente a conductas violentas e ilegales degrada a las instituciones estatales y al propio sistema democrático”, indicó la comisión. 

Defendemos al marplatense

Tras la audiencia, el intendente convocó a una conferencia de prensa y allí expresó que los operativos continuarán. Y reiteró que alguien manda a Mar del Plata personas para que generen caos y desorden: “Antes lo hacían con las tomas y ahora la modalidad cambió”, dijo. Sin embargo, Montenegro y sus funcionarios no presentaron ninguna prueba que respalde esa acusación. 

También defendió su política contra quienes considera que son los delincuentes y a quienes en los videos suele llamar “fisuras” o “trapitos” y dijo: “Defendemos al marplatense, al que labura y no a los chorros”.

“No puede ser que el delincuente esté tranquilo y el tipo que tiene que ir a laburar esté pensando por dónde camina, que tenga miedo de ir con el auto porque alguien le dice en este lugar no lo podés dejar o me tenes que dar tanta guita. Lo están extorsionando. Eso se naturalizó y está mal. En eso no voy a estar”, dijo. 

Montenegro cuestionó a la comisión y consideró que es un organismo que financia la provincia que lo denunció “para seguir cuidando a los chorros. Eso está mal y no voy a estar ahí”.

Además, aclaró que es el máximo responsable de la patrulla, de las decisiones y que buscan un orden. “Que el espacio público sea para un tipo de bien, para que el labura y no para el que comete delitos”. 

“Si siguen trayendo gente, vamos a seguir haciendo lo mismo”, desafió y añadió que no le importa la cantidad de denuncias. “Tengo clara mi posición que es la de todos los que vivimos en Mar del Plata y nos rompemos el culo laburando para que las cosas vayan bien”.

Fuera de la ley 

Sin embargo, la CGT Mar del Plata-Batán, la CTA de los Trabajadores Mar y Sierras y la CTA Autónoma repudiaron las palabras de Montenegro y afirmaron que “a quienes están fuera de la ley se los ataca fuera de la ley”.

Las tres centrales obreras acusaron al intendente de profundizar el discurso violento contra los más vulnerados y además de prejuzgar, estigmatizar y “violar a todo principio legal y constitucional”. Y agregaron: “El intendente dice que es posible actuar fuera de la ley y además se arroga el rol de la justicia y decide de antemano quién está fuera de la ley”.

Los representantes de los trabajadores advirtieron que Montenegro pretende ser juez cuando en realidad es parte. “Así decide que quienes carecen de recursos infringen la ley”. 

Por eso, le exigieron a la justicia que, ante la demanda de la CPM, suspenda las actividades de la patrulla municipal. “De haber algún delito, que la municipalidad lleve adelante las actuaciones pertinentes por los carriles normales que exige la justicia”.