La torre de 35 pisos generaría una transferencia de US$60 millones

Las organizaciones Mirada Ciudadana y Surfrider presentaron una demanda para que se anulen los artículos 1 y 2 de la ordenanza 26448 que autoriza la construcción de una torre de 35 pisos en el barrio Stella Maris, a una cuadra y media de Playa Varese.

La demanda está en el Juzgado Contencioso Administrativo N1, a cargo de Simon Isach y el gobierno del intendente Guillermo Montenegro ya quedó notificado. 

César Ventimiglia, de Mirada Ciudadana, Hernán Pérez Orsi, de Surfrider y la doctora Soledad Arenaza, quien llevó adelante el patrocinio legal de la presentación dialogaron con los medios. 

Arenaza sostuvo que en el expediente encontraron un cúmulo de irregularidades, “una torre tan grande como la que se aprobó”  tanto en el  procedimiento administrativo como en la participación ciudadana y el acceso a la información pública, entre otras cuestiones. 

Las anomalías son tan evidentes que en el texto de la norma no figura que la autorización es para edificar 129 metros de altura. “Lo sabemos porque lo informaron los medios”, dijo Arenaza y aclaró: “No tenemos acceso a información básica. La ordenanza oculta información sobre lo que autoriza”.

La autorización es para Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP, cuyos titulares son Florencia Miconi y su marido Manuel Campomar. Una firma que se presenta como propietaria de nueve lotes en la manzana delimitada por las calles Aristóbulo del Valle, Alem, Falucho y Gascón. Sin embargo, “ni siquiera demuestra tener la propiedad”, expresó Arenaza. 

¿Otra anormalidad? La construcción de la torre se daría en una zona en la que el Código de Ordenamiento Territorial permite solo 7 metros de altura, “con una cumbrera máxima de hasta 8 metros”, explicó Arenaza.

Negocios en lugar de planificación 

Además, no se han hecho los estudios básicos de provisión de infraestructura. ”Son manzanas que admiten, por código, hasta 180 habitantes y quieren construir para más de 800. El edificio contará con 27 mil metros cuadrados en un lugar donde el código permite 5 mil”. 

Todo en una zona que ostenta el metro cuadrado más caro de la ciudad. ”No baja de cinco mil dólares”, indicó la doctora y estimó que “la transferencia económica hacia ese fideicomiso es de casi 60 millones de dólares”.

Los atropellos van contra los vecinos de un barrio que compraron una casa con parque y ahora “van a tener sombra en hasta tres manzanas” y tendrán que convivir con 800 habitantes más sin que la infraestructura de agua corriente, cloacas y otros servicios haya mejorado y sin que se haya tenido en cuenta la movilidad que se va a generar. 

No obstante, la torre afectará a todos los marplatenses: “¿Queremos todos vivir en una ciudad que tenga 129 metros de altura frente al mar? ¿Queremos vivir en una ciudad planificada en base al negocio de un particular?”, se preguntó Arenaza y contestó: “El beneficio para la comunidad no se ve. Esto no es progreso es destrucción”. 

Aprobaron el proyecto tal como lo presentó el fideicomiso 

¿Más? Para obtener los indicadores especiales, Miconi en la presentación que figura en el expediente, sostuvo que iba a proteger un bien declarado patrimonio: el chalet conocida como “La Robla”. 

Si bien el Código establece que puede recibir esos indicadores, “no dice cuántos, eso no está regulado”, señaló Arenaza y contó cómo fue el camino del expediente. El pedido ingresó al municipio a través de la dirección de Ordenamiento Territorial y también intervino el área de Preservación Patrimonial. 

Ambas reparticiones dependen de la Secretaría de Obras y Planeamiento del municipio, a cargo de Jorge González. En base a los dictámenes se elaboró el proyecto. “No le cambiaron ni una coma. Los concejales del oficialismo autorizaron el plano que elaboró el fideicomiso”. 

Después, se presentó el estudio de impacto ambiental. El documento lleva la firma de “una arquitecta vinculada al secretario de Planeamiento”, describió Arenaza y añadió: “¿En dónde está el control?”. 

La imposición de los inversores 

El decano de la Facultad de Arquitectura de la UNMDP, Paco Olivo, en declaraciones al canal de la Universidad se refirió a la autorización y dijo que hay una carencia en cuanto a “la aplicación de un programa de desarrollo urbano claro, acordado y a políticas transparentes para la aplicación de medidas que mejoren la ciudad integralmente”. 

Olivo manifestó que no está contra las excepciones pero cuando se dan más que las decisiones corrientes, el Código se desnaturaliza. “Se confunde el otorgamiento de una excepción con una política de generar excepciones prácticamente a medida del solicitante”.

Cada vez que se da una excepción, por cada metro demás, los constructores deben pagar una multa. Pero Mar del Plata no cuenta con ninguna norma que regule a dónde deben destinarse esos fondos. 

El decano se detuvo en este capítulo. “Si el destino de esos fondos es, como plantea la ordenanza, al entorno de la propia obra hay un beneficio que parece un contrasentido”, entendió porque se debería capitalizar la excepción en los lugares donde la ciudad lo necesita. “La gran responsabilidad de la conducción de esta problemática es del municipio”.

¿A qué da lugar esta ausencia? “A un modelo de negocios ajustado a la pretensión de algunos inversores poderosísimos que imponen sus decisiones. Es bastante grave, hay una acción judicial, con un gran respaldo de vecinos y surge porque no hay mecanismos de representatividad dentro de la municipalidad que genera una acción que es legal aunque no es legítima”.