La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó fuertes críticas a las recomendaciones de reforma tributaria difundidas recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina. Según la entidad empresaria, las propuestas del organismo internacional apuntan a ampliar la carga fiscal sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin abordar los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

Entre las medidas sugeridas por el FMI se encuentran la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, la extensión del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificaciones en el régimen del Monotributo. Para CAME, estas iniciativas tienen un carácter regresivo porque afectan directamente el poder adquisitivo y el consumo interno.

La entidad sostiene que ninguna de estas medidas resuelve los principales obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para invertir, producir y generar empleo formal en el país.

El foco del reclamo: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Desde CAME consideran que el verdadero problema tributario argentino se encuentra en el sistema impositivo subnacional, especialmente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y en las diferentes tasas municipales que gravan la actividad económica.

Según la entidad, estos tributos tienen un impacto directo sobre la rentabilidad empresarial porque se aplican sobre las ventas brutas y no sobre las ganancias efectivas. A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava utilidades reales, Ingresos Brutos se cobra en cada etapa de la cadena productiva, generando un efecto acumulativo conocido como "impuesto en cascada".

Este mecanismo provoca que el costo tributario se incremente a medida que un producto o servicio atraviesa distintas etapas de producción y comercialización, afectando especialmente a las pymes.

El problema de las retenciones y percepciones anticipadas

Uno de los puntos más cuestionados por CAME es el sistema de retenciones y percepciones aplicado por las provincias. La entidad afirma que estos mecanismos funcionan como adelantos obligatorios de impuestos y suelen generar importantes saldos a favor para los contribuyentes.

De acuerdo con el diagnóstico presentado, muchas empresas terminan pagando por adelantado montos superiores a los que finalmente les corresponde tributar. Como consecuencia, acumulan créditos fiscales cuya devolución puede demorar entre uno y tres años, dependiendo de la jurisdicción.

En un contexto inflacionario, esta situación implica una pérdida significativa de valor para las empresas, ya que los recursos inmovilizados dejan de formar parte de su capital de trabajo y reducen su capacidad de financiamiento.

CAME sostiene que este sistema opera, en la práctica, como un préstamo sin interés otorgado por el sector privado a los fiscos provinciales.

La propuesta de un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, la entidad propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

El objetivo sería avanzar hacia una reforma estructural que armonice las bases imponibles, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución de saldos a favor en todo el país.

La propuesta busca establecer reglas permanentes que otorguen previsibilidad al sector productivo y reduzcan las distorsiones generadas por la coexistencia de múltiples regímenes tributarios en las distintas jurisdicciones.

Hacia una transformación de Ingresos Brutos

Uno de los ejes centrales planteados por CAME consiste en reformular el esquema de Ingresos Brutos para eliminar el efecto cascada que actualmente afecta a las cadenas productivas.

La entidad propone que el impuesto deje de aplicarse en las etapas intermedias de producción y se concentre únicamente en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica más cercana a la utilizada por el IVA.

Según la organización empresaria, este cambio permitiría mejorar la competitividad de las empresas sin comprometer los recursos fiscales provinciales, ya que implicaría una redefinición de la base imponible y no necesariamente una reducción de la recaudación.

Competitividad, inversión y empleo

Para CAME, una reforma tributaria orientada exclusivamente a incrementar la carga sobre salarios y consumo no contribuiría a generar empleo ni a mejorar la competitividad de las empresas.

La entidad argumenta que una mayor presión sobre los ingresos de los trabajadores podría reducir el consumo interno y afectar la actividad económica, mientras que los principales impuestos distorsivos que enfrentan las pymes continuarían sin modificaciones.

Por ese motivo, el sector considera que cualquier discusión sobre una reforma tributaria integral debe incluir una revisión profunda del esquema de impuestos provinciales y municipales, con el objetivo de fomentar la inversión, fortalecer la producción y generar condiciones más favorables para el crecimiento económico.