El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminar el financiamiento destinado a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Según expresó el funcionario, la medida representa “un retroceso para toda la cadena vitivinícola” y agrava la crisis que atraviesa el sector productivo.

La decisión fue celebrada públicamente por Federico Sturzenegger, quien la vinculó con la política de reducción de estructuras estatales impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“Desmantelar herramientas agrava la crisis”

Rodríguez sostuvo que resulta válido discutir mejoras o modificaciones en el funcionamiento de la Coviar y del PEVI, aunque consideró equivocada la decisión de eliminarlos sin presentar una alternativa para el desarrollo de la actividad.

“Siempre hay cosas para corregir, desde revisar objetivos hasta mejorar cómo llegan los beneficios a los distintos actores de la cadena. Pero otra cosa muy distinta es desarmar una herramienta estratégica sin construir alternativas para el desarrollo vitivinícola”, afirmó.

El ministro también remarcó que la actividad necesita mayor articulación público-privada, financiamiento y acompañamiento estatal.

“La vitivinicultura necesita más coordinación, más financiamiento y más acompañamiento del sector público, no menos”, sostuvo.

La caída de viñedos y bodegas

El funcionario bonaerense aseguró que el sector atraviesa una situación crítica y vinculó ese escenario a las políticas económicas nacionales.

Según indicó, durante los últimos dos años se redujo en más de 2.000 la cantidad de viñedos en producción en Argentina.

Además, advirtió sobre la fuerte caída en el número de bodegas elaboradoras activas. De acuerdo con datos sectoriales, actualmente funcionan 503 establecimientos, frente a los 680 registrados en el mismo período del año anterior, lo que representa una baja cercana al 25%.

En Mendoza, principal provincia vitivinícola del país, la reducción también fue significativa: pasó de 478 bodegas activas en 2025 a 374 en 2026.

Críticas al ajuste en organismos del sector

Rodríguez también cuestionó el achicamiento de organismos vinculados a la actividad vitivinícola, entre ellos el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En ese sentido, recordó que una medida cautelar evitó la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), considerado clave para garantizar la trazabilidad y las estadísticas del sector.

Asimismo, criticó la eliminación del programa PROVIAR II, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba orientado a pequeños productores vitivinícolas.

El rol de la Coviar

La Coviar fue creada por ley en 2003 y reúne a entidades privadas de provincias productoras, además del INTA, el INV y el Estado nacional.

Su principal función fue ejecutar y financiar el PEVI, un programa orientado a fortalecer la producción, promoción y competitividad de la actividad vitivinícola argentina.

Desde distintos sectores productivos sostienen que el sector enfrenta actualmente una combinación de problemas: caída del consumo interno, sobrestock de vino y mosto, bajos precios de la uva y dificultades de financiamiento.

Para Rodríguez, en este contexto “la respuesta del Estado nacional no puede ser retirarse y dejar librada la actividad al mercado”.

“Lo que se necesita es fortalecer herramientas para sostener el empleo, la producción y las economías regionales. La eliminación del PEVI va exactamente en sentido contrario”, concluyó.