Sindicatos y organismos acusan a la Patrulla Municipal por violencia institucional

Organismos de Derechos Humanos, gremios de las tres centrales obreras (CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) y distintas secretarías gremiales de Derechos Humanos publicaron un comunicado conjunto en el que denuncian violencia institucional y hostigamiento sistemático por parte de la Patrulla Municipal de General Pueyrredon, dependiente del intendente Guillermo Montenegro.

El pronunciamiento público llegó luego de la muerte de Gustavo Cabello, un hombre en situación de calle que, según denuncian, fue reiteradamente agredido por efectivos municipales.

“Murió de frío en la calle. Vecinos afirman que era una buena persona, pero sufría constantes golpizas y robos de sus pertenencias por parte de la patrulla municipal”, señala el comunicado.

Las organizaciones exigen que se investigue si la última agresión sufrida por Cabello tuvo vinculación directa con su fallecimiento, así como el rol de la fuerza municipal en un patrón de violencia estructural. Vale aclarar, que la persona fallecida ayer no murió en la calle sino dentro del garage de un vecino que le facilitó el espacio para guarecerse del frío.

“Esto no es un caso aislado: es parte de una política municipal que se repite todos los días”, afirmaron desde la Mesa Contra la Violencia Estatal.

El comunicado también denuncia que todas las presentaciones previas —incluidos hábeas corpus, denuncias penales y pedidos formales al Concejo Deliberante— fueron ignorados o archivados automáticamente por la mayoría oficialista alineada con el intendente.

Responsabilidad política y falta de respuesta institucional

“La Justicia es la gran ausente, y el intendente Montenegro es responsable de estas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos”, concluye el documento, firmado por una amplia lista de espacios gremiales y sociales.

Los firmantes remarcaron que la Patrulla Municipal, lejos de cumplir una función de protección o contención social, opera como una fuerza de choque contra los sectores más vulnerables, en especial personas en situación de calle.

El hecho generó repercusiones en redes sociales y en ámbitos sindicales y legislativos locales, donde ya se evalúa exigir informes y posibles sanciones administrativas.