CARBAP rechazó el proyecto que propone un impuesto al metano

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó un rechazo absoluto al proyecto de una senadora bonaerense que propone crear un impuesto a las emisiones de metano, al considerar que se trata de una iniciativa sin sustento técnico, que castiga la producción y afecta la competitividad del sector ganadero.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la entidad rural fue categórica: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más”, ironizando sobre el alcance de la propuesta.

La iniciativa legislativa busca crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, apuntada principalmente al sector ganadero, bajo el argumento de reducir el impacto ambiental de la actividad.

Sin embargo, desde CARBAP sostienen que la medida no generará una reducción real de emisiones, sino que provocará más presión fiscal sobre un sector que ya enfrenta una de las cargas impositivas más altas del país.

CARBAP: “No reduce emisiones, reduce producción y empleo”

Impacto económico y productivo

Desde la entidad rural advirtieron que sumar un impuesto al metano de la ganadería tendrá consecuencias directas sobre la producción, la competitividad y el empleo rural. En ese sentido, remarcaron que cualquier incremento de costos termina trasladándose a toda la cadena productiva.

“No reduce emisiones: reduce producción, competitividad y empleo”, señalaron desde CARBAP, marcando su postura frente a lo que consideran una política equivocada.

Reclamo por políticas públicas basadas en datos

La organización también reclamó políticas públicas serias, construidas sobre datos científicos, diálogo institucional y conocimiento técnico, y no sobre decisiones que calificaron como improvisadas.

“No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, afirmaron en su comunicado.

El cruce entre ambientalismo, presión fiscal y producción agropecuaria vuelve a instalarse en la agenda política. Mientras desde algunos sectores se impulsa una mayor regulación ambiental, desde el campo advierten que sin consenso ni criterios técnicos, estas iniciativas terminan siendo solo nuevos impuestos.